A pesar de contar con un régimen legal bastante completo, la Argentina no posee una política pública integrada y efectiva tanto en el nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales que garantice la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en lo social, político, laboral, económico y cultural, afirma el experto en discapacidad y trabajo Carlos Eroles.

Como destaca el informe del Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad, integrada por el Arzobispado de Buenos Aires, la AMIA, el Foro PRO y diversos organismos públicos como adherentes, los avances registrados durante 2005 no son suficientes para prevenir la situación de exclusión social en que se encuentra la mayoría de las personas con discapacidad.

Resulta preocupante la pérdida de proyección de la Comisión Nacional Asesora de Discapacidad (Conadis) como principal referente en materia de políticas publicas de afirmación de derechos de las personas con discapacidad. El traspaso del organismo de la orbita de la Jefatura de Gabinete a través del Consejo de políticas Sociales a la del Ministerio de Desarrollo Social no contribuye a que pueda llevarse adelante una política de Estado integral, que articule las acciones que debe llevar adelante cada ministerio del Estado nacional, según su competencia específica, con un monitoreo coordinado de todo el proceso.

En el transporte público las barreras a la accesibilidad continúan siendo enormes, revela el citado informe. El número de rampas y ascensores es muy inferior al previsto, se realizan obras de alta inversión que limitan la accesibilidad, muchas empresas no cumplen con la obligación de entregar sin cargo pasajes a quienes tienen certificados de discapacidad y la misma Secretaría de Transporte de la Nación no cumple su función de control.

Escasez de recursos

En trabajo, aún no es posible la incorporación de personas con discapacidad a la Administración Pública Nacional por el congelamiento de la planta permanente. La ley N° 24.147 (que regula el empleo protegido) carece de aplicación concreta, ya que sus artículos 6° y 7° establecen la fijación de una partida presupuestaria específica para incentivar la creación y compensar los desequilibrios de los talleres protegidos, y esto no existe.

En materia de comunicaciones, el Estado carece de un plan de difusión sobre discapacidad. Este plan debería involucrar las áreas de prevención, información y concienciación hacia la población sobre el tema. En educación, se carece de un programa nacional de educación inclusiva que promueva políticas en todos los niveles de escolaridad.

En salud, el problema mas grave es la carencia de políticas centralizadas de prevención y rehabilitación. Los centros de rehabilitación no son suficientes, y no están distribuidos uniformemente en todo el territorio. Se registran además casos muy graves de incumplimientos de la ley N° 24.901, que obliga a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a cubrir los tratamientos de las personas con discapacidad. La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad revela datos preocupantes: tan solo el 14,6% de los encuestados cuenta con el certificado de discapacidad; se estima que mas del 40% de las personas con discapacidad no posee la cobertura de seguridad social.

Los recursos asignados a discapacidad en el Presupuesto Nacional, según revelo un trabajo de la Fundación Par de octubre de 2005, representan una inversión de entre 0,04 y 0,08 pesos por persona con discapacidad por día.

La escasez de recursos pone de relieve también las dificultades para encarar una política de Estado integral y eficaz en esta materia. A eso se suma muchas voces la falta de un plan de difusión, capacitación, asesoramiento y apoyo para aquellos que lo necesitan.

Durante 2005 ingresaron en el Fondo Nacional de la Ley del Cheque 49.000.000 pesos para ser distribuidos entre los 150 proyectos que se presentaron. Fueron aprobados sólo cincuenta por un total de 6.000.000 pesos. El resto fué rechazado por diferentes motivos, razón por la que no fueron utilizados al concluir el ejercicio 43.000.000 de pesos que pasan a Rentas Generales.

Este hecho lamentable se podría haber evitado, por lo menos parcialmente con políticas mas proactivas, que brinden asesoramiento y capacitación.

Juan MarcosPueyrredon

Fuente: Diario "La Nación"